MACHALA, DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Grandes grupos económicos adeudan al Estado ecuatoriano alrededor de 2.600 millones de dólares

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Redacción

    @diariopinion

   lunes 16 de Abril del 2018     |        40


De los 4.500 millones de dólares pendientes en proceso de juicio en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, al menos unos 2.600 corresponden a las deudas de grandes grupos económicos con el Estado.

La revisión tributaria prevista en el programa económico del presidente Lenín Moreno implica, para  las grandes empresas que se examine el 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando estas desistan de continuar con acciones legales  a nivel nacional e internacional.

Pablo Iturralde, Director Ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), señaló a Andes que la cantidad significativa que deben los grupos económicos y la tolerancia para que paguen se debe a que estos grupos tienen la capacidad de control del mercado y de las ventas.

“El poder económico que tienen es reflejo del poder que tienen para presionar sobre autoridades políticas, es la única manera cómo se puede entender que se espera a estos grupos entre 5 a 8 años por montos que son en decenas de millones de dólares”, indicó.

Afirmó que las empresas que más deben al Estado son las petroleras, las agroexportadoras, luego las bananeras vinculadas a un poder de mercado concentrado de activos como tierras y canales de comercialización.

Iturralde destaca a las importadoras de electrodomésticos, alimentos,  las grandes cadenas comerciales. Le siguen las bananeras, exportadoras, y los bancos a su criterio constan como un grupo deudor importante.

“Son un actor muy relevante, con un nivel más bajo de deudas en relación a otras empresas que deben muchísimo al Estado, mientras Banco Pichincha debe 42 millones; Andes Petroleum debe 1.000 millones”, indicó.   

El funcionario manifestó que existe una vía legal para cobrar a partir de las medidas que están previstas en la ley, desde sanciones hasta embargo de bienes, y afirmó que la negociación eleva el estatus de un deudor a un actor en negociación y que la remisión de deudas va contra el principio de progresividad.

“Los grupos concentrados deben aportar más en relacionan con  la población que menos tiene, los recursos que dejan de pagar los grupos económicos hay que obtenerlos por otras vías y generalmente con el cobro de impuestos a la clase media, sectores populares, que contribuyen al estado mediante el pago del IVA, servicios públicos u otros impuestos indirectos”, remarcó.

Sugirió que se establezca un esquema que fortalezca la progresividad para que paguen lo justo los sectores con más recursos y señaló que la propuesta de varios grupos empresariales de que si tienen menos impuestos generarán más empleos “es un pensamiento caduco que exigen desde hace décadas, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la Cepal y el mismo Fondo Monetario Internacional solicitan que se cobre más a quienes más tienen”.

Iturralde insistió en que las empresas que deben al Estado el 2% del Producto Interno Bruto (PBI)  negocian directamente y ponen en riesgo la perspectiva nacional porque los impuestos son un mecanismo para garantizar salud, educación, bienestar social, ya que cuando no se paga, se vulneran derechos. Mientras, aclaró, el debate sobre la calidad del gasto para que no exista corrupción es otro debate. (I)


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