Apoyarán consulta popular siempre que no implique regresión de derechos


Fecha de Publicación: 2017-09-07

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Quito.-Una nota de prensa de la Agencia Andes dice que la Dirección Nacional del movimiento político Alianza PAIS, ganador en las últimas elecciones en Ecuador, afirmó que respaldarán la consulta popular en análisis del Ejecutivo, siempre y cuando “se oriente a ampliar derechos, justicia social, e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos”.

Tras la reunión mantenida en Quito la víspera, la organización política que llevó a Carondelet al presidente Lenín Moreno, advirtió que “no apoyarán procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos, de regresión de derechos políticos ni de desestabilización de la institucionalidad del país”.

Y advierte con promover un proceso constituyente “en caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano”.

Los miembros de Alianza PAIS consideran que existe “una presión ilegítima por imponer las agendas de los poderes oligárquicos, de la banca y de los grupos políticos de derecha” y que esa presión “se orienta tanto a temas de retroceso social y económico, como de desestabilización política, de trastocar la institucionalidad constitucional y volver a las viejas formas políticas de la partidocracia, que tanto daño le hicieron al país”.

En la resolución difundida este miércoles, la agrupación política de izquierda expresó además su preocupación por “las conclusiones del diálogo productivo y tributario donde las tesis propuestas dominantes son las de los viejos grupos de poder económico y político”, y condenó “la doble moral” de la banca privada.

“Hace meses se opusieron radical y prejuiciosamente, con mentiras y tergiversaciones al uso del dinero electrónico y cuyas posturas nunca fueron aclaradas a la opinión pública. Hoy ven oportunidad de negocio, donde antes vieron una amenaza a la dolarización”, señala el documento en referencia al dinero electrónico que, según anunció el mandatario Lenín Moreno, será manejado por el sector financiero privado.

En cuanto a la propuestas del sector privado para la eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Alianza PAIS señala que “constituye un grave golpe a la economía del país”, pues representa ingresos por aproximadamente 1.000 millones de dólares y, peor aún, pone en riesgo la dolarización puesto que estimula el flujo negativo de dólares y nos dejaría vulnerables ante los embates del capital financiero internacional y los llamados capitales golondrinas”.

Advierte sobre el interés de adoptar mecanismos de “flexibilización laboral” y retroceder en los derechos de los trabajadores y señala que el “drawback automático” que solicita el sector exportador en realidad es un nuevo subsidio para ese sector, adicional a la devolución automática del IVA que pagan los productores en las compras que realizan de materia prima o productos terminados que se exportan.

Rechazan la propuesta empresarial de reducir el costo de energía para el sector productivo; eliminar gradualmente los Subsidios a los combustibles porque “esto solo refleja la vieja práctica rentista de lograr grandes beneficios para las élites que sean pagados con el sacrifico de la mayoría, mientras los más pobres y humildes de la patria se verán afectados por el alza en el costo de la vida que afecta directamente el transporte y alimentación entre los principales”.

“Alianza PAIS no permitirá ninguna medida que afecte a la economía de las grandes mayorías populares”, señala la resolución que rechaza las propuestas del sector productivo por considerar que recoge la posición de “aquellos que quieren flexibilización laboral y no pagar impuestos”.

Bajo estos argumentos, la Dirección Nacional de AP exhortó al Gobierno a que no de paso a las propuestas “que buscan su propio beneficio en contra de los intereses del país” y solicitó al bloque legislativo que promueva el más amplio debate, principalmente con los pequeños y medianos productores, artesanos, comerciantes minoristas y miembros de la economía popular para evitar “la conculcación de derechos ni reformas que son contrarias a los intereses del país” y para que sean beneficiarios de la política pública como ocurrió en la última década de la Revolución Ciudadana. (I).


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