Coinciden en que capitales en paraísos fiscales afectan a la inversión nacional


Fecha de Publicación: 2017-04-20

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Con la participación de 14 asambleístas, incluida la ponencia de Mauro Andino, titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, concluyó el primer debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, que se desarrolló en la sesión plenaria No. 445.

Legisladores de la bancada de PAIS coincidieron en que el capital que yace en paraísos fiscales afecta la inversión en áreas importantes del país, como salud y educación. Gina Godoy, citando a la economista argentina, Verónica Grondona, mencionó que hay una estrecha relación entre el desarrollo y los derechos humanos.

Según dijo, un monto que alimenta los paraísos fiscales proviene de la trata de mujeres. En la región latinoamericana, este sector de la población experimenta las desventajas de la inequidad social. En Ecuador, el 49% de mujeres sufren de trata, 21% niñas, 18% hombres y 12% son niños.

En este sentido, instó a los legisladores a revisar ´con lupa´ este proyecto que es mandato ciudadano. Convocó a una acción legislativa transparente, en sintonía con la confianza que depositaron los ciudadanos y ciudadanas en las urnas.

Además, sugirió precisar en el artículo 5 el tiempo en que el funcionario o dignatario de elección popular con capital o bienes en paraísos fiscales deben presentar inmediatamente la renuncia a su cargo.

Otra arista del debate se fundamentó en la defensa del mandato ciudadano. Miguel Angel Moreta, por CREO, afirmó que “existe un intento de elevar a categoría de ley, un capricho de odio contra un opositor político”.

Aseguró que si se desea combatir la corrupción, es preciso ampliar la normativa, incluyendo la ´muerte civil´, para que no puedan ser candidatos ni cumplir cargos en el sector público quienes hayan cometido actos de corrupción, acotó el asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, dijo, que deben ser ´premiados´ quienes delaten estos actos de corrupción. Manifestó que es importante ampliar el ámbito de la ley sancionando a quienes evaden impuestos, pero también a los que realizan créditos en el exterior.

Frente a esta ponencia, Armando Aguilar, aseguró que durante una década, el Gobierno enfocó su acción en contra de la corrupción y, por lo tanto, la consulta popular merece el apoyo del Legislativo, para cumplir con responsabilidad social este mandato popular. Sostuvo que el Código del Trabajo debe contemplar una reforma, a fin de que los funcionarios públicos con bienes en paraísos fiscales reciban visto bueno.

El asambleísta por Sucumbíos afirmó que la inversión de capital en los paraísos fiscales perjudica las plazas de empleo, lo que representa un retraso en el progreso económico y social del país. Enfatizó que el Ecuador es referente en la modernización de la administración pública en Latinoamérica, así como en la reducción de los índices de pobreza, aplicación de políticas equitativas y redistributivas de la justicia.

Enfatizó que el proyecto debe ser aprobado en este período legislativo que culmina el próximo 13 de mayo. (I)

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