MACHALA, VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018

¿Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL?

Contento 15
Me divierte 9
Me Encanta 21
Me Sorprende 19
Me Molesta 33
Me entristece 26

   miÉrcoles 11 de Julio del 2018     |        430

Es una barbaridad jurídica, que se siga gobernando con acuerdos, decretos o resoluciones; para qué la Corte Constitucional y la Asamblea?.

“El principio pro homine y pro libertatis”: Estos principios mandan a entender a la norma que se revise, del modo más favorable a la persona.

Es una directriz de interpretación; vale decir, que si un tema, por ejemplo, trata sobre la libertad de expresión, libertad corporal, libertad de asociación, etc., que se encuentran regulados en diversas fuentes jurídicas; como en los tratados internacionales, la Constitución, leyes orgánicas, etc., el operador del sistema jurídico y el servidor público deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano, con independencia de la preferencia jurídica.

Hay que revisar  la pirámide de Kelsen, clásica del ordenamiento jurídico, que presentaba a éste como una suerte de pirámide, en cuya cúspide está la Constitución y, en los escalones inferiores, los convenios internacionales, las leyes, las ordenanzas, los decretos, los acuerdos y las resoluciones. 

Según la directriz  pro homine, la norma a preferir, en cuanto a derechos humanos se trate, no será la Constitución, sino la que más beneficie al hombre, aunque constare en una norma de inferior jerarquía.

El principio pro libertatis es otra de las pautas de interpretación que deben seguir los operadores de justicia y las autoridades públicas; que manda a que el operador jurídico o la autoridad pública tengan como última medida y excepcional la privación de la libertad. 

Principio de interacción: También denominado de “retroalimentación interpretación de un derecho humano, el operador de justicia o el servidor público, no pueden conformarse con su análisis parcial, deben visualizar a los derechos humanos como temas de derechos del “bien común nacional” y vincularlos a los temas del “bien común internacional”.

Principio de universalidad: Promueve que los derechos humanos rijan en todas partes y con la misma intensidad y con “igual jerarquía”. Art. 11 numeral 6 de la C.R. Alude, por supuesto, a un cuerpo mínimo de derechos, dentro de ellos, a una también cuota básica igualitaria de cada derecho; sin perjuicio de los aditamentos que puedan hacer los diferentes Estados.

Partamos del hecho que, como se dejó ya dicho que  el constitucionalismo moderno es “constitucionalismo de derechos”. Pero la incidencia del  iusnaturalismo en la determinación del Estado Constitucional de derechos, va más allá. Éste cumple por lo menos tres funciones que a lo largo de la Constitución Ecuatoriana hacen su presencia: La “legitimación” del poder coercitivo del Estado; la “justificación” de sus decisiones públicas, en especial de los jueces constitucionales, por ejemplo el reconocimiento de figuras como la “desobediencia civil”, Art. 99. C.R; La “Objeción de Conciencia”, Art. 66, numeral 12. C.R;  o el “Derecho a la resistencia”, Art. 98.C.R”.

Nuestra Constitución, “La mejor del Mundo, para 300 años”, en su Art. 1 señala que “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, soberano,…

la soberanía radica en el pueblo, … el pueblo es el Mandante,… se organiza en forma de República y se gobierna descentralizadamente”; pero, ha sido pisoteada por el ciudadano Rafael Correa, cuando ejerció la Presidencia de la República, por diez años, lo que ridículamente llamaron “La Década Ganada”, que recién ahora, podemos ver quiénes son los que han ganado en esa malhadada  década; la Constitución no cumple diez años, y ya ha sido reformada en muchos artículos, las últimas 15 reformas, las tuvo el 03 de diciembre de 2015, hechas por la Asamblea, que cumplía decisiones del Jefe del Estado.

Ojalá que esto sirva para que ciertos jueces y abogados, comprendan lo que es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y, no actúen defendiendo las violaciones a esos derechos, con el lema: “Yo defiendo a quien me paga”, o aplicando leyes contrarias a la Constitución; el juramento de los Abogados es el de DEFENDER LA JUSTICIA Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES, y los jueces,… primero, son Abogados; “La abogacía no se cimienta en la lucidez del conocimiento, sino en la rectitud de la Conciencia”. Ángel Osorio. (O)

 


  Se archivado en :

  ARRIBA

P