MACHALA, MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019

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Redacción

    @diariopinion

   domingo 27 de Mayo del 2018     |        3076

Con la remisión a la Asamblea Nacional del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, el gobierno ha convalidado la cuestionada constitucionalidad de la misma expedida por el correato hace cinco años. Con el proyecto de 80 artículos 4 Disposiciones Generales y 6 Transitorias, el sector empresarial recobra protagonismo en el sector y contiene nubes en su intención de desbaratar la orquestada persecución y sanción a periodistas y medios de comunicación social instauradas.

Por su naturaleza, el Derecho administrativo tiene que ser claro y preciso, por lo que, imperativo es corregir sustantivos errores de levantamiento de texto y de construcción gramatical, puntuación, no hacerlo provocaría problemas en sustanciación legal. Por ejemplo, en el “objeto y ámbito”, el proyecto propone proteger y regular “derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos internacionales” sobre derechos humanos, lo que debe es enlazarse con los de “libertad de pensamiento” y “libertad de opinión y de expresión” que taxativamente se dicen en dichos instrumentos.

El espacio limita el examen íntegro de la propuesta de reforma, pero preocupa que se hable del “derecho (ciudadano) a recibir información de calidad” (Art. 22), porque “calidad” es sinónimo de atributo, aptitud, y la población no desea saber atributos burocráticos, sino que el gobierno proporcione información verdadera y exacta.

Igualmente, intranquiliza la derogatoria del Art. 29, sobre libertad de información, porque afecta al libre acceso a fuentes oficiales del periodismo y elimina sanciones a quienes no la otorgan. La inclusión del Art. 38 determinando que “la ciudadanía será juzgadora de medios” a través de audiencias públicas, veedurías, asambleas, observatorios u otros medios, si no se completa, daría pábulo a forzadas discrecionalidades que podrían montar grupos políticos contra periodistas y medios.

La Disposición General Primera debe ser clara y precisa, no dubitativa, sobre la jerarquía normativa, prevista en el Art. 425 de la Constitución y la aplicación sistemática de la Ley con las demás normas previstas en el citado artículo. La primera Disposición Transitoria debe fijar plazo para la transferencia de acciones de los medios incautados.

Tales y otras observaciones al proyecto deben ser valorados juntamente con otras iniciativas ingresadas a la Asamblea, para mejorarlo y ser consecuente con la realidad ecuatoriana, mientras tanto, preciso es no omitir comentarios sobre la renegociación de los contratos de preventa petrolera que permiten ingresos inmediatos por USD561 millones de dólares y expectativas de USD3.500 millones en tres años, demostrando que el correato fue lisonjero con los supuestos prestamistas asiáticos. Los inesperados ingresos reducirían, sustancialmente, el saldo del déficit fiscal.

Finalmente, luce torpe la posición diplomática sobre el drama venezolano. La supuesta “no injerencia” reconoce, tácitamente, el oscuro proceso electoral, cuando “reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado. Es evidente que el gobierno cuidó los votos que giran alrededor de Petrocaribe para la elección de la cuestionada canciller Espinosa para la Asamblea de la ONU, quien afirma recién iniciar campaña, mientras la web institucional no divulga la totalidad de sus viajes al exterior y con qué fines, para valorar resultados.


  ARRIBA

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